Les informamos de la publicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. (en vigor desde 29 de marzo)
Disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive:
- todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
- quedan exceptuados del ámbito de aplicación:
- a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
- b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
- c) Las personas trabajadoras contratadas por:
- (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión,
- (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.
- d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
- e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.
La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días. En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, se establece la formación de la comisión representativa a través de representantes sindicales (artículo 3).
De ser imposible interrumpir de inmediato la actividad podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial (Disposición transitoria primera)
Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial (Disposición adicional quinta)
TODOS LOS ASESORES DE EMPRESAS SEGUIREMOS TRABAJANDO A DESTAJO, IGUAL QUE DURANTE EL RESTO DEL PERIODO DE LAS PRESENTE CRISIS DEL COVID-19
El Anexo de este Decreto-Ley se incluye listado con los trabajadores por cuenta ajena a los que no será de aplicación el permiso retribuido entre los que se encuentra en el apartado las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados , así como las personas que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
CON OBJETO DE CLARIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTINUARAN SE TRANSCRIBE INTEGRAMENTE EL ANEXO DONDE SE DETALLAN LAS MISMAS:
ANEXO
No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente real
decreto-ley a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:
1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo
de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad
Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.
2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de
abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de
producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas,
alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o
cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución
de los mismos desde el origen hasta el destino final.
3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que
prestan servicios de entrega a domicilio.
4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes,
servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento
sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de
servicios sanitarios.
5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas
de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales
necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este
anexo.
6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de
mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma,
así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados
para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las
autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil,
salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de
las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de
seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante
alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el
desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el
abastecimiento a la población.
8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las
fuerzas armadas.
9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las
personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con
discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y
biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el
mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las
empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las
personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a
animales.
11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de
comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su
impresión o distribución.
12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y
de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las
actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros
13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios
informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los
sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente
aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios
públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados
públicos.
14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas
de violencia de género.
15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales,
traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no
suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados
consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la
Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la
materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14
de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.
16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías
administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de
riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los
servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías
urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y
tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y
no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de
descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de
subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de
Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada
subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco
de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción,
potabilización y saneamiento de agua.
21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de
predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control
de procesos operativos.
22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal
universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte,
clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio
postal universal.
23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en
la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística,
transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que
participan en los corredores sanitarios.
24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el
comercio por internet, telefónico o correspondencia.
25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados
esenciales.
