Después de dos años y medio denunciando la
injusticia de las tasas judiciales y el auténtico freno que ha supuesto
en el acceso a la justicia, sobre todo en la apelación o en ámbitos como
el administrativo sancionador, se ha modificado la Ley 10/2012; desde el 1
de marzo de 2015, las personas físicas están exentas del abono de la
tasa en todas las instancias y ya no tienen que cumplimentar el modelo
696.
