Veri*Factu se retrasa a 2027: un aplazamiento lleno de interrogantes para empresas y autónomos
La implantación del sistema Veri*Factu, pieza clave de la estrategia antifraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha sufrido un nuevo aplazamiento. Mediante el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, el Gobierno ha diferido en un año la obligación de adaptar los sistemas informáticos de facturación, modificando el calendario previsto en el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, que desarrolla el artículo 29.2.j) y el artículo 201 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de requisitos de los sistemas y programas informáticos de facturación.
Con este nuevo marco, la obligación de utilizar sistemas compatibles con Veri*Factu se fija, con carácter general, en el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y en el 1 de julio de 2027 para los trabajadores autónomos y el resto de empresas que empleen sistemas informáticos de facturación.
Un desarrollo normativo escalonado y lleno de lagunas
La realidad normativa de VeriFactu se ha construido de forma escalonada. Tras la aprobación del Real Decreto 1007/2023, que establece los requisitos de integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, fue necesaria la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, para concretar las especificaciones técnicas, funcionales y de contenido de los sistemas informáticos de facturación, así como las condiciones de alta y renuncia de los denominados “Sistemas de emisión de facturas verificables” o “VERIFACTU”.
Sin embargo, la publicación tardía de esta orden y la necesidad de ajustes posteriores, como los introducidos por el Real Decreto 254/2025, han generado un escenario en el que las empresas de software, las asesorías y los contribuyentes han debido adaptarse sobre la marcha a criterios en evolución. La propia AEAT ha tenido que emitir sucesivas notas informativas y actualizar de forma recurrente sus FAQs y documentación técnica sobre SIF y Veri*Factu, con la última actualización fechada el 5 de diciembre de 2025, lo que evidencia la existencia de zonas grises y aspectos todavía en fase de concreción.
Cambios de criterio y sensación de inseguridad jurídica
Distintas organizaciones empresariales y asociaciones de autónomos han manifestado públicamente su preocupación por la inseguridad jurídica generada por los cambios de calendario y la falta de estabilidad en los criterios aplicables. Informaciones recientes señalan que se han producido dos aplazamientos en apenas ocho meses, lo que ha llevado a parte del tejido empresarial a cuestionar la previsibilidad del marco regulatorio.
Mientras entidades como CEPYME y ATA han recibido el aplazamiento con alivio, al considerar que proporciona un margen imprescindible de adaptación, otras organizaciones como UPTA y UATAE lo han calificado de “despropósito”, subrayando que los cambios de última hora alimentan la desconfianza y penalizan a quienes ya habían invertido en soluciones conformes con la normativa.
Qué sigue vigente pese al aplazamiento
Es esencial destacar que el aplazamiento de la obligación de utilizar Veri*Factu no supone la paralización del marco antifraude. La Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, junto con la propia Ley General Tributaria y el Reglamento de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, continúan plenamente vigentes.
Además, el Real Decreto 1007/2023 ya exige que los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) cumplan condiciones estrictas de integridad, trazabilidad y seguridad, con la prohibición de funcionalidades que permitan la alteración o destrucción de registros sin trazabilidad. El incumplimiento de estas exigencias puede derivar en infracciones tributarias graves, con sanciones que, según la normativa y la información divulgada por Hacienda y distintos análisis sectoriales, pueden llegar a 50.000 euros por ejercicio y por sistema para quienes utilicen programas que no se ajusten a las especificaciones legales.
Expectativas hasta 2027: un llamamiento a la claridad
De aquí a 2027, el reto principal para la Administración es pasar de un marco “en construcción” a un entorno previsible, estable y plenamente operativo. El propio tejido empresarial ha insistido en la necesidad de que este nuevo plazo se utilice para aclarar definitivamente el ámbito subjetivo de aplicación de Veri*Factu, coordinar su despliegue con la factura electrónica de la Ley Crea y Crece y resolver las dudas prácticas sobre terminales mixtos, sectores con particularidades operativas y soluciones públicas de facturación.
En este contexto, se espera de la AEAT una actuación proactiva, con mayor difusión de guías, ejemplos prácticos, herramientas gratuitas y canales de consulta eficaces, de forma que pymes, autónomos y asesorías puedan anticipar la implantación sin verse sometidos de nuevo a plazos irrealistas o interpretaciones cambiantes.
Conclusión
El aplazamiento de Veri*Factu a 2027 supone una oportunidad para corregir las lagunas actuales y reforzar la seguridad jurídica, pero también un test de credibilidad para la política tributaria digital. La clave estará en si la Administración utiliza este tiempo para ofrecer certeza, estabilidad y acompañamiento real a los contribuyentes, o si el mercado se enfrenta a nuevos giros de última hora.
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